El ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Carlos Bonilla, reveló que la primera etapa del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, estará lista para el primer semestre del 2025, donde serán alojados 2,300 privados de libertad.
Manifestó que pronto se verá un avance significativo de la obra que es el 25 por ciento del total para alojar a los restantes privados de libertad que se encuentran en el Penal de La Victoria.
Indicó que en esa primera etapa entregará a las autoridades penitenciarias la cárcel de Las Parras donde serán alojados los primeros internos, más las salas de apoyo, tales como administrativa, estructura que comprende iglesia, entre otras.
Detalló que la obra se adjudicó el pasado 15 de agosto a la empresa Malespín, pero que se tienen que firmar contratos, subirlos a Contraloría para certificar el contrato y que se necesitan unas fianzas y pólizas, lo que a su juicio tiene que hacerse primero para empezar a trabajar.
“Esas son leyes que hay que cumplir y procedimientos que están establecidos por ley; lo que hay es que agotarlos para poder darles una respuesta a la sociedad”, dijo Bonilla.
Explicó que la obra al principio estaba envuelta en una litis judicial y que por esa razón no podían intervenirla, ya que los contratistas tenían sus derechos adquiridos; es decir, que hasta que ese proceso no se culminara no podían licitar porque ya había unas personas contratadas en la partida de la obra.
Sostuvo que, para ellos adelantar, primero identificaron una partida que no estaba contratada y que licitaron esa parte que nadie la tenía, lo que representa el 15 por ciento de la obra.
Manifestó que cuando se produjo la rescisión del contrato se procedió a crear la comisión y que ellos cambiaron algunas cosas para avanzar más en la referida obra ubicada en el municipio de Guerra.
El presidente de la Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria, Jorge Subero Isa, dijo que el propósito de la reunión es conocer los avances de los trabajos de parte del ministerio de la Vivienda.
En la reunión estaban presentes además, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; el vicerrector de Investigación y Postgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Radhamés Silverio González.
