Santo Domingo.-El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional decidió este jueves liberar del impedimento de salida del país al exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, medida de coerción que pesaba sobre él desde octubre de 2023.
El abogado del exfuncionario Manuel Rodríguez dijo que la decisión está «adecuada» al comportamiento a la conducta «impecable» que ha exhibido Guerrero de «nunca» sustraerse del proceso, mediante el cual el Ministerio Público lo acusa de ser uno de los supuestos cabecillas de una red que estafó al Estado con más de 19,000 millones de pesos.
La decisión de la jueza Altagracia Ramírez establece que Guerrero se limitará a presentarse cada mes ante el Ministerio Público.
El letrado anunció que el próximo pasó que dará como defensor del exministro será el de lograr que también sea liberado de la presentación periódica.
«El ciudadano Donald Guerrero Ortiz tendrá plena libertad de salir del país, pero sin sustraerse del proceso», dijo su abogado.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, reveló en abril pasado que los acusados de la llamada operación Calamar son 46, entre personas físicas y jurídicas.
«Hay más de dos mil medios de prueba, que servirán para que se produzca una apertura a juicio y cuando se de ese juicio, nosotros vayamos a procurar las sanciones correspondientes», dijo Camacho en esa oportunidad.
En el expediente también figuran como acusados los exministros Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y de Obras Públicas Gonzalo Castillo.
El alegado fraude contra el Estado también involucra al exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirilo; a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda, y el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa.
Asimismo, se cita en el expediente al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías.
Los imputados son señalados por, supuestamente, sustraer más de 19,000 millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020
