Guillermo Gómez, el periodista y padre de José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), propietario de Transcore Latam y Aurix, realizó varias acusaciones contra el Ministerio Público (MP), al denunciar que su hijo fue presionado para acusar al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, de recibir sobornos.
Gómez, durante su programa de televisión “Aeromundo”, dijo que las autoridades le ofrecieron a su hijo reducir las consecuencias legales si accedía a incriminar a Beras. “Nosotros no acusamos a nadie y menos a Hugo Beras para salvar a mi hijo, como han hecho con otros. Si lo acusaba, ya tenían el caso armado contra él,” expresó.
En la misma intervención, Gómez lanzó una acusación grave sobre presiones judiciales. Aseguró que, durante los debates de la audiencia de medida de coerción, tres jueces penales ingresaron a la sala con un documento que contenía sus nombres, lo que, según él, fue un intento de influir en la jueza que inicialmente no pretendía imponer prisión preventiva para los imputados.
“Yo voy a defender a mi hijo hasta las últimas consecuencias,” declaró Gómez al concluir su programa, insistiendo en que todo esto forma parte de una campaña de desprestigio orquestada desde el Ministerio Público mediante filtraciones a los medios de comunicación.
José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, enfrenta serias acusaciones, entre las que se encuentran asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, lavado de activos, y usurpación de identidades empresariales. Según el Ministerio Público, su empresa Transcore Latam jugó un papel central en el esquema fraudulento, al desviar fondos públicos mediante la manipulación del proyecto de modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Por otro lado, las autoridades señalan que Hugo Beras, durante su gestión en el Intrant, facilitó la integración de nuevas autoridades que colaboraron en el esquema. El Ministerio Público sostiene que Beras permitió la participación de empresas de carpeta, utilizadas para desviar recursos del Estado.
El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo para Hugo Beras y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant. Ambos enfrentan cargos relacionados con su participación en el esquema de corrupción que ha salido a la luz como el Caso Camaleón.
Para otros imputados, como Frank Díaz Warden, representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas, el tribunal dictó medidas cautelares que incluyen garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica.
