El partido Fuerza del Pueblo denunció este lunes «graves contradicciones» en los informes del Gobierno sobre los 9,588 kilogramos de cocaína ocupados la semana pasada en el Puerto Multimodal Caucedo, de Boca Chica.
Recordó que el comunicado inicial de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) indica que la cantidad incautada fue de 9,588 kilogramos. «Sin embargo, luego de incinerada la droga por las autoridades, el día 9 de diciembre, la Procuraduría General de la República informó, mediante un comunicado el domingo 15 de diciembre que el cargamento era de 9,889 kilos, una diferencia de 301 kilos que no ha sido explicada», detalló en rueda de prensa el general (R) Rolando Rosado Mateo, expresidente de ese organismo antidroga y ahora dirigente de la FP.
El exfuncionario destacó «inconsistencias clave en los comunicados oficiales que generan serias dudas sobre la operación».
«Según consta en el párrafo 3 del comunicado de la DNCD, de fecha 7 de diciembre, se detectaron dos contenedores: uno vacío y otro cargado con bananos. En el párrafo 4 del mismo comunicado se afirma que en ambos contenedores había un total de 320 sacos con los 9,588 kilos de cocaína, lo que contradice la versión inicial que mencionaba el hallazgo de un contenedor vacío. ¿En cuál contenedor estaba realmente la droga y cómo se llevó a cabo el trasiego?», cuestionó.
Explicó que «estas inconsistencias solo aumentan las sospechas sobre el manejo del caso».
Además, Rosado Mateo subrayó la celeridad con la que se incineró la droga, apenas 48 horas después de su decomiso. “Este es un tiempo récord que despierta muchas interrogantes. ¿Por qué la prisa en destruir una evidencia tan importante? Es fundamental que las autoridades ofrezcan respuestas claras”, añadió.
Asimismo, criticó la falta de pruebas documentales, como los registros de las cámaras de vigilancia del puerto y el manifiesto de los contenedores.
También cuestionó las relaciones internacionales implicadas en este caso. Y en ese sentido, destacó que el presidente de Guatemala, César Bernardo Arévalo, negó categóricamente cualquier conexión de su país con la droga.
«Este señalamiento requiere una respuesta inmediata del gobierno dominicano para salvaguardar las relaciones bilaterales y aclarar los hechos», advirtió.
Ante este panorama, propuso la creación de una jurisdicción judicial especializada en tráfico y consumo de drogas, con tribunales dedicados a tratar casos complejos relacionados con el narcotráfico.
“La magnitud de las incautaciones en los últimos años muestra que estamos enfrentando poderosísimas estructuras criminales internacionales que operan con alta sofisticación. Nuestro sistema judicial debe estar a la altura de estas amenazas”, indicó.
Pidió también un refuerzo en la vigilancia de otros puntos estratégicos del país, como Puerto Plata (La Isabela), para evitar que el narcotráfico diversifique sus rutas. Advirtieron que las maniobras de estas redes criminales se están extendiendo, lo que pone en peligro la seguridad del territorio nacional.
Insistió en que la ciudadanía merece respuestas claras sobre este caso y otros similares. “La falta de claridad en los datos, las contradicciones en los comunicados y el manejo apresurado de la evidencia están erosionando la confianza de la población en las autoridades. Esto no es solo un tema de cifras; es una cuestión de credibilidad y seguridad nacional”, concluyó.
